Amanecía cuando ella y él decidieron irse juntos para tener intimidad. Hacía menos de una hora que habían empezado a hablar por primera vez, a pesar de que se cruzaban por el pasillo del edificio donde ambos trabajaban.

Cuando llegaron a casa del chico se enrollaron. Él le arrancó las bragas y el sujetador y ella dijo no. Dos horas después murió estrangulada tras recibir 36 golpes por todo el cuerpo. Sólo le dio tiempo de llamar al 112 para decir que le iban a matar.

Él le arrancó las bragas y el sujetador y ella dijo no. Dos horas después murió estrangulada tras recibir 36 golpes por todo el cuerpo.

Lo primero que se le ocurrió al autor del crimen fue descuartizar a la chica. Lo intentó cortándole la yema de un dedo, pero vista la dificultad que entrañaba decidió cambiar de plan. Envolvió el cadáver en varias bolsas de basura, cargó el cuerpo inerte, lo metió en el maletero del coche, fue a una zona boscosa que él conocía y allí tiró el cuerpo.

Diez años después de que matara a la chica (20 años), su madre sigue preguntándose por qué no se dejó violar para conservar su vida. Una reflexión que haría cualquiera que haya parido. Esa madre, durante la celebración del juicio, tuvo que escuchar una chirriante pregunta del jurado popular. Las seis mujeres y los tres hombres que lo componían querían saber si la chica a la que habían matado, su hija, era ligona. Literal. Previamente el juez había rechazado, por improcedentes, dos de las cuestiones que los miembros del jurado querían plantear a la madre de la chica estrangulada.

José Diego Yllanes fue condenado a doce años y medio de cárcel por homicidio. La borrachera que llevaba cuando mató a la chica le sirvió de atenuante para no ser condenado por asesinato y a una pena mayor. Ahora, cumplidas  tres cuartas partes de la condena, el homicida vuelve a subirse a la vida. Durante el día trabaja. Por la noche duerme entre rejas.

La borrachera que llevaba cuando mató a la chica le sirvió de atenuante para no ser condenado por asesinato

Según el Artículo 25 la Constitución española en su apartado segundo dice lo siguiente: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social (…). El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma (…) tendrá derecho a un trabajo remunerado (…).

A raíz del juicio a La Manada, también en Pamplona, irremediablemente se ha revivido el caso de Nagore Laffage, la víctima. La polémica se desató cuando el homicida apareció en internet como parte de la plantilla de una clínica. José Diego Yllanes es psiquiatra, aunque su jefe ha dicho que no trata a pacientes.

Y a la madre de Nagore Laffage se le abrieron las carnes cuando vio posar al hombre que amputó la vida de su hija. El director de la clínica le pidió perdón públicamente por no haber tenido la empatía necesaria con una familia destrozada.

Las redes sociales defecaron odio hacia el autor de un crimen de extrema violencia, según los resultados de la autopsia

Las redes sociales defecaron odio hacia el autor de un crimen de extrema violencia, según los resultados de la autopsia. Y las redes, una vez más, juzgaron. Porque nadie comprende que José Diego Yllanes tenga derecho a seguir con su vida, a pesar de que un día habrá cumplido su condena y será un hombre libre. No es justo afirmar que la Justicia es pobre y, en muchos casos como el de Nagore Laffage, injusta.

El caso es que José Diego Yllanes parece que ha cumplido con el objetivo de la privación de libertad, que es la reinserción en la sociedad, algo que no muchos consiguen.

Nagore ya nunca será. Está muerta. Su madre nunca podrá reinsertarse ni mitigar su dolor. Y el hombre que asfixió a una niña que solo quería pasárselo bien, aunque sea libre, no se perdonará a sí mismo jamás.

Y tú, ¿Qué opinas?